La Asamblea Nacional (AN) programó una sesión extraordinaria con una agenda parlamentaria orientada al ámbito diplomático, legislativo y ambiental. En el punto central de la jornada destaca la consideración del nombramiento del ciudadano Enrique Hilarión Ochoa Antich como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la Confederación Suiza, con concurrencia en el Principado de Liechtenstein. Con esta designación, el Poder Legislativo busca fortalecer las relaciones diplomáticas y la representación de la República en el escenario internacional.

Asimismo, el debate legislativo abordará materias de impacto social y de conservación. Se prevé someter a segunda discusión el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria para robustecer el marco regulatorio y garantizar la seguridad jurídica habitacional. En el plano multilateral, la plenaria evaluará en primera discusión la Ley Aprobatoria del Acuerdo Marco para la Alianza Internacional de Grandes Felinos (IBCA), una iniciativa dirigida a promover la cooperación ambiental global y la protección de la biodiversidad.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó el receso judicial anual para los tribunales de la República, fijado entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre de 2026. Durante este lapso, las causas ordinarias y los lapsos procesales permanecerán suspendidos para facilitar labores de mantenimiento y adecuación de las sedes judiciales a nivel nacional, garantizando así la celeridad y eficacia procesal al término de la pausa.

Con el fin de resguardar el acceso a la justicia y los derechos fundamentales, la Resolución N.º 2026-0004 establece excepciones operativas clave. La Sala Constitucional, la Sala Electoral y los tribunales penales se mantendrán de guardia, al igual que los juzgados habilitados para amparos constitucionales.

Las delegaciones del Gobierno nacional y la Asamblea Nacional 2015 acordaron la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras concretar la culminación del Primer Ciclo de Conversaciones entre ambas partes. El entendimiento alcanzado establece la designación de nuevos magistrados a través de un proceso inédito de postulaciones, así como la creación de un consejo técnico encargado de revisar minuciosamente los requisitos y credenciales de los aspirantes al máximo tribunal del país.

La firma del acuerdo se llevó a cabo este miércoles 12 de agosto, luego de cinco sesiones plenarias y de mesas técnicas desarrolladas desde que las partes se declararán en sesión permanente el pasado 6 de agosto. Los compromisos suscritos incluyen reformas sustanciales a la Ley Orgánica del TSJ y a diversas leyes del sistema de justicia, sumadas a la ampliación del comité de postulaciones judiciales, con el propósito declarado de avanzar en el fortalecimiento institucional de la democracia, el poder judicial y el poder electoral.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio su respaldo formal al inicio de las conversaciones presenciales en Caracas entre la delegación de la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y la representación del parlamento actual. A través de un comunicado oficial, Washington calificó estos encuentros directos como una oportunidad única para impulsar la reconciliación política, la estabilidad y la recuperación económica del país, destacando que el proceso forma parte del plan de tres etapas promovido por el gobierno estadounidense para acompañar una transición pacífica.

Las conversaciones, iniciadas este jueves 6 de agosto en la Base Aérea La Carlota, colocan como prioridad máxima la asistencia humanitaria a los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio. En paralelo, las delegaciones abordarán temas clave relacionados con el fortalecimiento institucional, la ampliación de libertades públicas y la restitución de garantías políticas, con un llamado del Departamento de Estado a que las partes involucradas alcancen acuerdos con resultados tangibles en beneficio del pueblo venezolano.

Este jueves 6 de agosto está prevista la instalación de una jornada de diálogo entre representantes del Gobierno encargado y miembros de la Asamblea Nacional de 2015. El encuentro tendrá lugar a la 1:00 p. m. en el Centro de Convenciones del Parque Simón Bolívar, en La Carlota, bajo la convocatoria del parlamento y con su presidente, Jorge Rodríguez, como vocero principal. La reunión se concreta tras el arribo a Venezuela de la delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera, quien ingresó al país por el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui.

Este acercamiento presencial deriva de los puntos de agenda acordados previamente durante una conversación telefónica entre ambas partes el pasado sábado. Asimismo, el proceso de conversaciones se desarrolla con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, en un esfuerzo por acompañar las negociaciones y promover estabilidad política en la región.

Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera se sentaron cara a cara en Venezuela: esto fue lo que pactaron

Este video es relevante porque ofrece contexto audiovisual directo sobre el inicio de las conversaciones presenciales entre el oficialismo y la representación parlamentaria de 2015 en Caracas.

 La Asamblea Nacional de Venezuela avanza en la aprobación de un nuevo marco legal sobre arrendamientos orientado a redefinir las relaciones entre propietarios e inquilinos. Según detalló el diputado Rigel Sergent, la legislación busca dinamizar la oferta inmobiliaria mediante tres pilares fundamentales: la actualización de criterios para calcular los cánones de alquiler, la obligatoriedad del registro formal de los contratos y la creación de una instancia de mediación previa que resuelva disputas antes de recurrir a la vía judicial. Con ello, se pretende garantizar la seguridad jurídica del arrendador para resguardar su patrimonio, al tiempo que se protegen los derechos del arrendatario frente a incrementos desmedidos.

Asimismo, el parlamento trabaja en dos proyectos complementarios: la Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Vivienda y la reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Estas iniciativas buscan fortalecer la transparencia en el mercado y dar respuesta prioritaria a la demanda habitacional del país, atendiendo de manera urgente a las familias que buscan un hogar, incluyendo a las personas damnificadas por los eventos sísmicos del pasado 24 de junio. Con este paquete legislativo, se persigue un equilibrio que brinde garantías normativas y estabilidad económica a ambas partes del sector inmobiliario.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvieron un encuentro a puerta cerrada de casi una hora y media en la Casa Blanca. Esta reunión fue la primera desde el inicio del conflicto bélico conjunto contra Irán y representó una oportunidad para encauzar las relaciones entre ambos mandatarios. De acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, las conversaciones fueron calificadas como “positivas y productivas”, aunque hasta el momento ninguna de las administraciones ha ofrecido mayores detalles sobre los temas abordados.

El encuentro se desarrolló en un contexto de compleja presión política y económica interna para ambos líderes. Por un lado, Netanyahu afronta un proceso de reelección marcado por las discrepancias previas con la administración estadounidense, evidenciadas por las críticas previas de Trump sobre la posible filtración de informes de inteligencia vinculados al enclave de Monte Pickaxe. Por otro lado, Trump enfrenta un descontento interno por los costos económicos e inflacionarios de la guerra, a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato, lo que añade relevancia estratégica a los diálogos entre ambas naciones.

La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles, una iniciativa orientada a dinamizar el mercado de alquileres en el país y fortalecer la seguridad y el equilibrio jurídico entre las partes. Presentada por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, la propuesta legislativa consta de cuatro capítulos y 27 artículos. Entre sus objetivos centrales destaca la articulación con la banca pública y privada para impulsar el financiamiento de proyectos de construcción de viviendas, buscando un esquema equilibrado que proteja a los adquirentes y agilice el acceso a soluciones habitacionales.

Para dar continuidad al proceso legislativo, la junta directiva de la institución, presidida por Jorge Rodríguez, acordó la creación de una comisión especial mixta integrada por las comisiones de Administración y Servicios, y de Desarrollo Social. Esta instancia encargada de evaluar el proyecto estará liderada por la diputada América Pérez, acompañada por el diputado Pedro Carreño en la primera vicepresidencia y la diputada Alejandra Rodríguez en la segunda vicepresidencia.

La Asamblea Nacional (AN) incluyó en su orden del día para este martes 14 de julio la primera discusión de dos proyectos de ley clave diseñados para transformar el marco normativo de vivienda en el país. El primero de estos instrumentos es la Reforma Parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, una propuesta que tiene como objetivo central optimizar los mecanismos de control, regulación y supervisión dentro del sector para prevenir fraudes y proteger el patrimonio de los ciudadanos frente a posibles irregularidades en las transacciones de compra y venta.

Asimismo, el parlamento iniciará el debate sobre el proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda. Esta iniciativa legal busca establecer un marco normativo que armonice de manera justa y equilibrada las condiciones contractuales entre arrendadores y arrendatarios, con el propósito de garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y, al mismo tiempo, resguardar éticamente el derecho social de las familias a un techo digno y estable.

La Embajada de los Estados Unidos en Caracas manifestó su respaldo oficial al histórico encuentro sostenido entre Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2026 y representante del Gobierno venezolano, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015. A través de un comunicado emitido por la administración estadounidense, el gobierno del país norteamericano acogió con beneplácito este acercamiento entre las partes, destacando la importancia del reconocimiento mutuo para abrir canales de comunicación institucionales.

El propósito central de esta reunión bilateral fue la discusión de una agenda conjunta que sirva como hoja de ruta estratégica para la nación. Asimismo, el encuentro buscó establecer las bases fundamentales para un diálogo político de alto nivel, orientado de manera prioritaria hacia la construcción de consensos y el desarrollo de una transición democrática y pacífica en el país.

El Comité de Postulaciones Judiciales se instaló formalmente este miércoles 20 de mayo con el objetivo de iniciar el proceso de selección para cubrir 20 vacantes de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además de las jefaturas de la Inspectoría General de Tribunales y de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). Presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello, el comité alcanzó su legalidad plena tras incorporar a los 10 integrantes restantes exigidos por la ley. La junta directiva quedó completada con el diputado Pablo Pérez en la vicepresidencia y el abogado José Ruza en la secretaría, quienes detallaron que los puestos a concursar corresponden a ocho jubilaciones y a 12 nuevas plazas creadas tras la reciente reforma legal que eleva a 32 el número total de autoridades judiciales.

La fase pública de recepción de credenciales arrancará oficialmente este viernes con la publicación de la convocatoria en medios nacionales, abriendo un periodo de postulación que se extenderá por 15 días continuos. El comité ya avanza en el diseño del reglamento interno, el baremo de evaluación y el cronograma de trabajo, estimando un lapso de 45 a 46 días para presentar la lista definitiva de elegibles ante la Plenaria del Parlamento Nacional. Este tiempo de espera institucional se mantendrá sujeto a variaciones según el volumen de impugnaciones ciudadanas que se reciban y sus respectivos procesos de descargo, garantizando los lapsos de revisión previstos en el marco legal.

La Asamblea Nacional aprobó este martes, por unanimidad, una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que establece el aumento del número de magistrados de 20 a 32. Esta decisión busca, según el órgano legislativo, fortalecer la eficiencia procesal y la capacidad de respuesta de las seis salas que integran la máxima instancia judicial del país, permitiendo una distribución más amplia de las causas jurídicas en curso.

Este movimiento legal representa una reversión de la política adoptada en enero de 2022, cuando la misma asamblea unicameral había reducido la composición del tribunal de 32 a 20 integrantes. Con este retorno a la estructura numérica anterior, el Poder Legislativo ajusta nuevamente la arquitectura institucional del TSJ, marcando un cambio significativo en la gestión del sistema de justicia venezolano en un periodo de poco más de dos años.

La Asamblea Nacional aprobó este martes 5 de mayo, en primera discusión, una reforma parcial a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que busca incrementar el número de magistrados de 20 a 32. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, defendió la medida argumentando que una mayor integración de las salas (pasando de tres a cinco magistrados en las salas especiales y de cinco a siete en la Constitucional) permitirá combatir el retardo procesal y garantizar una mayor celeridad y pluralidad en las decisiones del máximo tribunal. Esta iniciativa coincide con el proceso de selección de nuevos juristas para cubrir vacantes por renuncias y jubilaciones dentro de la corte

La organización subrayó la necesidad de que los cambios no respondan a agendas políticas, sino a una verdadera reestructuración que erradique la corrupción en el sistema de justicia.

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó la creación de una comisión preliminar de diputados para iniciar el proceso de selección de nuevos magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, justificó la medida debido a la existencia de diversas "vacantes" en el máximo tribunal, aunque no precisó el número exacto de cargos a cubrir ni las salas correspondientes. Este movimiento se enmarca en lo que el Gobierno denomina un "proceso profundo de reforma judicial", liderado por la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, con el fin de reestructurar el sistema de justicia del país.

. El anuncio coincide con un contexto político complejo: recientemente se designaron nuevos titulares para la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) validó la legalidad del Decreto N° 5.314, el cual establece el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio venezolano por un periodo de 60 días. Mediante la sentencia N° 0515, el máximo tribunal determinó que la medida, dictada por la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, se ajusta a los preceptos de la Carta Magna. Este dictamen reafirma la facultad del Ejecutivo para implementar estrategias excepcionales ante las coyunturas que afectan actualmente los sectores productivo, financiero y social de la nación.

Con este respaldo jurídico, el Gobierno nacional dispone de un marco legal para ejecutar acciones extraordinarias en áreas sensibles como la fiscalidad, el sistema cambiario y la regulación económica durante los próximos dos meses.. El fallo subraya la competencia exclusiva del TSJ en el control constitucional de estos instrumentos, consolidando así el sustento normativo para las políticas de emergencia del Estado.

En una sesión ordinaria celebrada este jueves 9 de abril, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por mayoría absoluta la designación del abogado Larry Devoe para encabezar el Ministerio Público. El nombramiento se produjo tras un proceso de evaluación que incluyó un total de 69 postulaciones para los cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo.

El proceso de selección

El informe final de los elegibles fue presentado ante la plenaria por el diputado Giuseppe Alessandrello, presidente de la comisión encargada del proceso. Tras la presentación, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, conformó una comisión especial integrada por diputados de distintas fracciones políticas —entre ellos Pedro Carreño, Stalin González y Tomás Guanipa— para la validación definitiva de las credenciales.

Perfil del nuevo Fiscal General

Larry Devoe cuenta con una trayectoria académica y técnica centrada en el área jurídica y los derechos fundamentales:

• Formación: Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

• Especializaciones: Posee estudios en Ciencias Penales y Criminológicas, además de dos maestrías obtenidas en España (Derecho Constitucional y Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho).

• Experiencia previa: Se desempeñó en diversos cargos dentro de la Defensoría del Pueblo y, desde 2014, ejerció como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

• Rol actual: Previo a su designación, integraba el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, iniciativa impulsada por el Ejecutivo en el marco de la reciente amnistía general.

La Asamblea Nacional (AN) acordó este martes 7 de abril aplazar la discusión de la reforma a la Ley de Minas, un instrumento legal que se perfila como una pieza fundamental para la dinamización económica y la captación de capitales privados y extranjeros en el sector extractivo.

Pese al diferimiento, la sesión mostró avances significativos con la aprobación de 115 artículos. La decisión de suspender temporalmente el debate responde a la necesidad de los legisladores de realizar un análisis exhaustivo del articulado restante, buscando garantizar la solidez jurídica del nuevo marco normativo.

Puntos clave de la jornada:

• Avance legislativo: Se alcanzó el visto bueno de 115 artículos durante esta tercera discusión.

• Objetivo económico: La ley busca establecer condiciones atractivas y seguras para la inversión nacional e internacional.

• Próxima sesión: Siguiendo el artículo 104 del reglamento interno, se espera que el debate se reanude el jueves 9 de abril.

Dato relevante: Esta reforma coincide con un clima de crecimiento en otros sectores económicos, tras reportarse un incremento del 28 % en la recaudación tributaria durante el primer trimestre de 2026.

Redacción: Mariangela Martínez

@esnoticiavenezuela

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela decidió este 12 de febrero posponer la aprobación del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Pese a que se esperaba su sanción definitiva, la sesión ordinaria cerró con el acuerdo de diferir la discusión para el próximo encuentro legislativo, tras surgir posturas encontradas sobre las condiciones de aplicación de la norma.

El nudo jurídico: El Artículo 7

El punto de fricción se concentra en el Artículo 7, que define los requisitos para los beneficiarios. La mayoría parlamentaria sostiene que los solicitantes deben "ponerse a derecho", lo cual implica un reconocimiento explícito a las instituciones del Estado y a la Constitución.

• Postura de la Directiva: El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, enfatizó que la ley no debe "contaminarse" ni permitir que se evada el Estado de derecho. En sintonía, el vicepresidente Pedro Infante subrayó que no debería otorgarse amnistía a personas en ausencia.

• Visión de la Oposición: Diputados como José Gregorio Correa calificaron el diferimiento como una medida "sana" para buscar un consenso real, mientras que Nora Bracho insistió en que el mecanismo debe ser lo suficientemente amplio para lograr una verdadera reconciliación nacional.

Justicia y reparación

El debate también estuvo marcado por la intervención de la diputada Iris Varela, quien solicitó no invisibilizar a las víctimas de la violencia política. Varela cuestionó la concesión de beneficios sin una identificación clara de responsabilidades penales y sin garantizar el resarcimiento a los familiares de los afectados.

Próximos pasos

El Parlamento retomará la discusión en su próxima sesión ordinaria. El objetivo principal será destrabar el nudo jurídico del Artículo 7 para avanzar hacia una redacción que equilibre la paz política con la responsabilidad legal.

Fecha: 2 de febrero  de 2026

La Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.978, con fecha del 29 de enero de 2026, marca el inicio de una nueva etapa para la industria energética en Venezuela. Tras su aprobación por la Asamblea Nacional, la reforma busca dinamizar el sector mediante la flexibilización de la participación privada y la modernización del esquema fiscal.

Puntos clave de la Reforma:

• Mayor Apertura al Sector Privado: Las empresas privadas ahora podrán asumir la gestión técnica y operativa de los proyectos. Además, los socios minoritarios en empresas mixtas tendrán la facultad de comercializar directamente su producción de crudo y gestionar cuentas bancarias en divisas tanto en el país como en el extranjero.

• Flexibilidad Fiscal: Se sustituye la regalía fija del 30% por una regalía variable de "hasta el 30%", permitiendo al Ejecutivo ajustar el porcentaje según la viabilidad económica de cada proyecto. Asimismo, se crea un Impuesto Integrado de Hidrocarburos que simplifica la carga tributaria anterior.

• Agilización Administrativa: La creación de nuevas empresas mixtas y la fijación de sus condiciones pasan a ser facultad directa del Ejecutivo Nacional, quien solo deberá notificar al Parlamento, agilizando la toma de decisiones estratégicas.

• Arbitraje Internacional: Se admite el uso de mecanismos de mediación y arbitraje para resolver controversias contractuales, brindando mayor seguridad jurídica a los inversionistas internacionales.

• Soberanía de Recursos: El texto reafirma que los yacimientos de hidrocarburos se mantienen como bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles bajo control del Estado venezolano.

Vigencia:

Aunque la ley entró en vigor con su publicación el pasado 2 de febrero, el nuevo régimen de regalías e impuestos tiene un periodo de adecuación de 60 días continuos. El Ministerio de Petróleo dispondrá de 30 días para dictar las normas reglamentarias del nuevo impuesto integrado.

Redacción: Mariangela Martínez

@esnoticiavenezuela