El Ministerio Público inició una investigación penal tras registrarse un presunto allanamiento arbitrario y actos contrarios a la ética pública en un establecimiento privado en Barquisimeto, estado Lara. Para el esclarecimiento de los hechos, el organismo fiscal comisionó conjuntamente a la Fiscalía 21 del estado Lara y a la Fiscalía 98 Nacional, esta última especializada en la protección de los derechos humanos y la diversidad de género, con el fin de garantizar un proceso apegado al marco legal vigente.

En respuesta a esta situación, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) activó de inmediato sus mecanismos de control interno y puso a disposición de la fiscalía a cinco funcionarios presuntamente implicados. Los uniformados serán presentados ante un tribunal de control en las próximas horas, donde se determinará su responsabilidad por la supuesta comisión de delitos contemplados en el Código Penal y la Ley contra la Corrupción, reafirmando el compromiso institucional con la contraloría y la depuración de los cuerpos de seguridad.

El Ministerio Público inició una investigación penal a raíz de la protesta protagonizada por la población penal del Internado Judicial de Barinas (INJUBA) el pasado domingo 24 de mayo de 2026. Tras conocerse los hechos, la Fiscal Superior del estado Barinas, junto a dos fiscales de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, se trasladó de inmediato al recinto penitenciario. Este despliegue de las autoridades judiciales tuvo como propósito central mediar en la situación y contribuir a una resolución pacífica del conflicto interno.

Para garantizar la rigurosidad del proceso, la institución comisionó formalmente a la Fiscalía 49° Nacional con competencia plena en Derechos Humanos, la cual se encargará de esclarecer de manera exhaustiva las causas que originaron la manifestación de los privados de libertad. Con esta acción, el órgano de justicia ratificó su compromiso constitucional de velar por el respeto a los derechos fundamentales en los centros penitenciarios, manteniendo el monitoreo en los establecimientos de reclusión para asegurar la estabilidad institucional.

 Durante la mañana de este martes 19 de mayo, se reportó la liberación de 17 personas consideradas presos políticos, quienes se encontraban recluidas en el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda. De acuerdo con los primeros reportes, el grupo de excarcelados estaría vinculado al caso denominado "PDVSA Obrero".

Este procedimiento se suma a una serie de múltiples liberaciones de presos políticos que se han venido registrando de forma progresiva en diferentes centros de reclusión del país durante las últimas horas. 

El Ministerio Público de Venezuela ha iniciado una investigación penal exhaustiva para esclarecer las causas del fallecimiento de Victor Hugo Quero Navas, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Rodeo I desde principios de 2025. Para garantizar la transparencia y el rigor técnico en este proceso, se ha designado a la Fiscalía 80 Nacional, especializada en la protección de derechos humanos. Como medida fundamental del protocolo de investigación, las autoridades han ordenado la exhumación inmediata del cuerpo, la cual será ejecutada por un equipo forense de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal conforme al marco legal vigente.

​Este procedimiento busca cumplir con el deber estatal de investigar de manera oportuna e imparcial cualquier deceso ocurrido bajo custodia del Estado. A través del comunicado oficial, el ente fiscal reafirma su compromiso ético de velar por la integridad física y el respeto a las garantías fundamentales de la población penitenciaria. La actuación institucional subraya la importancia de aplicar el Código Orgánico Procesal Penal para determinar responsabilidades y ofrecer respuestas claras tanto a los familiares de la víctima como a la opinión pública, manteniendo el equilibrio entre la justicia penal y la preservación de los derechos humanos.

El Fiscal General de la República, Larry Devoe Márquez, sostuvo una reunión formal en la sede del Ministerio Público con representantes de destacadas organizaciones de derechos humanos y del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. En la cita participaron directivos de Provea, Civilis, Surgentes y Cecodap, quienes abordaron junto a la autoridad los retos actuales en materia de justicia y el cumplimiento del mandato constitucional. El intercambio permitió poner sobre la mesa diversos puntos de la agenda nacional de derechos humanos, buscando puntos de convergencia entre la gestión estatal y la contraloría social de estas ONG.

Como resultado concreto de esta jornada de trabajo, ambas partes acordaron la creación de un mecanismo de comunicación permanente diseñado para recibir y tramitar de manera eficiente los planteamientos y denuncias de las organizaciones civiles. Asimismo, el Fiscal General extendió una invitación formal a los activistas para que se incorporen activamente en la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal. Este paso representa un avance en la articulación entre el Estado y la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia y las garantías fundamentales en el país.

El Ministerio Público (MP) solicitó formalmente ante los tribunales la revocatoria de la medida cautelar otorgada al dirigente político Juan Pablo Guanipa, apenas horas después de su excarcelación. El organismo alega un presunto incumplimiento de las condiciones judiciales impuestas al momento de su liberación.

Puntos clave:

• Argumento de la Fiscalía: El MP sostiene que se verificó el desacato de las obligaciones fijadas por el tribunal, lo que faculta legalmente al órgano judicial para sustituir la medida.

• Nueva solicitud: En lugar de la libertad condicional, la Fiscalía ha pedido que se imponga un régimen de detención domiciliaria (casa por cárcel) para asegurar el desarrollo del proceso penal.

• Condiciones previas: La boleta de excarcelación original contemplaba un régimen de presentación cada 30 días y la prohibición de salida del país.

En su comunicado, el Ministerio Público enmarcó estas acciones dentro del Programa de Convivencia Democrática y Paz y el proceso de consulta de la Ley de Amnistía, afirmando que estas iniciativas buscan la reconciliación nacional dentro del marco constitucional.

Redacción: Mariangela Martínez

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