La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó la creación de una comisión preliminar de diputados para iniciar el proceso de selección de nuevos magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, justificó la medida debido a la existencia de diversas "vacantes" en el máximo tribunal, aunque no precisó el número exacto de cargos a cubrir ni las salas correspondientes. Este movimiento se enmarca en lo que el Gobierno denomina un "proceso profundo de reforma judicial", liderado por la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, con el fin de reestructurar el sistema de justicia del país.

. El anuncio coincide con un contexto político complejo: recientemente se designaron nuevos titulares para la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) validó la legalidad del Decreto N° 5.314, el cual establece el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio venezolano por un periodo de 60 días. Mediante la sentencia N° 0515, el máximo tribunal determinó que la medida, dictada por la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, se ajusta a los preceptos de la Carta Magna. Este dictamen reafirma la facultad del Ejecutivo para implementar estrategias excepcionales ante las coyunturas que afectan actualmente los sectores productivo, financiero y social de la nación.

Con este respaldo jurídico, el Gobierno nacional dispone de un marco legal para ejecutar acciones extraordinarias en áreas sensibles como la fiscalidad, el sistema cambiario y la regulación económica durante los próximos dos meses.. El fallo subraya la competencia exclusiva del TSJ en el control constitucional de estos instrumentos, consolidando así el sustento normativo para las políticas de emergencia del Estado.

En una sesión ordinaria celebrada este jueves 9 de abril, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por mayoría absoluta la designación del abogado Larry Devoe para encabezar el Ministerio Público. El nombramiento se produjo tras un proceso de evaluación que incluyó un total de 69 postulaciones para los cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo.

El proceso de selección

El informe final de los elegibles fue presentado ante la plenaria por el diputado Giuseppe Alessandrello, presidente de la comisión encargada del proceso. Tras la presentación, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, conformó una comisión especial integrada por diputados de distintas fracciones políticas —entre ellos Pedro Carreño, Stalin González y Tomás Guanipa— para la validación definitiva de las credenciales.

Perfil del nuevo Fiscal General

Larry Devoe cuenta con una trayectoria académica y técnica centrada en el área jurídica y los derechos fundamentales:

• Formación: Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

• Especializaciones: Posee estudios en Ciencias Penales y Criminológicas, además de dos maestrías obtenidas en España (Derecho Constitucional y Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho).

• Experiencia previa: Se desempeñó en diversos cargos dentro de la Defensoría del Pueblo y, desde 2014, ejerció como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

• Rol actual: Previo a su designación, integraba el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, iniciativa impulsada por el Ejecutivo en el marco de la reciente amnistía general.

La Asamblea Nacional (AN) acordó este martes 7 de abril aplazar la discusión de la reforma a la Ley de Minas, un instrumento legal que se perfila como una pieza fundamental para la dinamización económica y la captación de capitales privados y extranjeros en el sector extractivo.

Pese al diferimiento, la sesión mostró avances significativos con la aprobación de 115 artículos. La decisión de suspender temporalmente el debate responde a la necesidad de los legisladores de realizar un análisis exhaustivo del articulado restante, buscando garantizar la solidez jurídica del nuevo marco normativo.

Puntos clave de la jornada:

• Avance legislativo: Se alcanzó el visto bueno de 115 artículos durante esta tercera discusión.

• Objetivo económico: La ley busca establecer condiciones atractivas y seguras para la inversión nacional e internacional.

• Próxima sesión: Siguiendo el artículo 104 del reglamento interno, se espera que el debate se reanude el jueves 9 de abril.

Dato relevante: Esta reforma coincide con un clima de crecimiento en otros sectores económicos, tras reportarse un incremento del 28 % en la recaudación tributaria durante el primer trimestre de 2026.

Redacción: Mariangela Martínez

@esnoticiavenezuela

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela decidió este 12 de febrero posponer la aprobación del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Pese a que se esperaba su sanción definitiva, la sesión ordinaria cerró con el acuerdo de diferir la discusión para el próximo encuentro legislativo, tras surgir posturas encontradas sobre las condiciones de aplicación de la norma.

El nudo jurídico: El Artículo 7

El punto de fricción se concentra en el Artículo 7, que define los requisitos para los beneficiarios. La mayoría parlamentaria sostiene que los solicitantes deben "ponerse a derecho", lo cual implica un reconocimiento explícito a las instituciones del Estado y a la Constitución.

• Postura de la Directiva: El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, enfatizó que la ley no debe "contaminarse" ni permitir que se evada el Estado de derecho. En sintonía, el vicepresidente Pedro Infante subrayó que no debería otorgarse amnistía a personas en ausencia.

• Visión de la Oposición: Diputados como José Gregorio Correa calificaron el diferimiento como una medida "sana" para buscar un consenso real, mientras que Nora Bracho insistió en que el mecanismo debe ser lo suficientemente amplio para lograr una verdadera reconciliación nacional.

Justicia y reparación

El debate también estuvo marcado por la intervención de la diputada Iris Varela, quien solicitó no invisibilizar a las víctimas de la violencia política. Varela cuestionó la concesión de beneficios sin una identificación clara de responsabilidades penales y sin garantizar el resarcimiento a los familiares de los afectados.

Próximos pasos

El Parlamento retomará la discusión en su próxima sesión ordinaria. El objetivo principal será destrabar el nudo jurídico del Artículo 7 para avanzar hacia una redacción que equilibre la paz política con la responsabilidad legal.

Fecha: 2 de febrero  de 2026

La Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.978, con fecha del 29 de enero de 2026, marca el inicio de una nueva etapa para la industria energética en Venezuela. Tras su aprobación por la Asamblea Nacional, la reforma busca dinamizar el sector mediante la flexibilización de la participación privada y la modernización del esquema fiscal.

Puntos clave de la Reforma:

• Mayor Apertura al Sector Privado: Las empresas privadas ahora podrán asumir la gestión técnica y operativa de los proyectos. Además, los socios minoritarios en empresas mixtas tendrán la facultad de comercializar directamente su producción de crudo y gestionar cuentas bancarias en divisas tanto en el país como en el extranjero.

• Flexibilidad Fiscal: Se sustituye la regalía fija del 30% por una regalía variable de "hasta el 30%", permitiendo al Ejecutivo ajustar el porcentaje según la viabilidad económica de cada proyecto. Asimismo, se crea un Impuesto Integrado de Hidrocarburos que simplifica la carga tributaria anterior.

• Agilización Administrativa: La creación de nuevas empresas mixtas y la fijación de sus condiciones pasan a ser facultad directa del Ejecutivo Nacional, quien solo deberá notificar al Parlamento, agilizando la toma de decisiones estratégicas.

• Arbitraje Internacional: Se admite el uso de mecanismos de mediación y arbitraje para resolver controversias contractuales, brindando mayor seguridad jurídica a los inversionistas internacionales.

• Soberanía de Recursos: El texto reafirma que los yacimientos de hidrocarburos se mantienen como bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles bajo control del Estado venezolano.

Vigencia:

Aunque la ley entró en vigor con su publicación el pasado 2 de febrero, el nuevo régimen de regalías e impuestos tiene un periodo de adecuación de 60 días continuos. El Ministerio de Petróleo dispondrá de 30 días para dictar las normas reglamentarias del nuevo impuesto integrado.

Redacción: Mariangela Martínez

@esnoticiavenezuela